Los participantes exploraron la importancia de establecer estructuras jurídicas claras para fortalecer la gobernanza de la ciberseguridad, incluyendo la definición de responsabilidades para los actores regulados y la garantía de la protección de infraestructuras críticas. El seminario también enfatizó el papel de los mecanismos de cumplimiento y aplicación, subrayando que una supervisión efectiva y la imposición de sanciones son esenciales para asegurar la correcta implementación de las normativas. 

Asimismo, la discusión destacó la importancia de la cooperación regional y del diálogo multiactor, mostrando cómo la colaboración entre gobiernos, instituciones especializadas y otros actores puede ayudar a reducir la fragmentación regulatoria y fomentar enfoques más coordinados en materia de ciberseguridad. 

Puntos clave del seminario: 

• La realidad de la región de LAC4 es la ausencia de una arquitectura jurídica que permita tutear bienes jurídicos especialmente, aquellos que se presentan en relación con ciberseguridad.

• Uno de los principales desafíos de la región Latino Americana es de carácter conceptual: la falta de una clara diferenciación entre ciberseguridad y ciberresiliencia, así como entre el cibercrimen y el ámbito más amplio de la ciberseguridad. 

• Es fundamental plantear las preguntas básicas adecuadas para diseñar un marco jurídico que refleje las realidades locales y, al mismo tiempo, fomente la cooperación regional. 

• La Ley chilena N.º 21.663, Marco de Ciberseguridad, fue la primera ley de ciberseguridad en América Latina. Uno de los aspectos más destacados de esta normativa es la obligación de reportar incidentes de ciberseguridad, así como la imposición de sanciones económicas significativas.

• En América Latina se identifican tres brechas sistémicas: una brecha conceptual, derivada del uso de distintos lenguajes y conceptos entre países; una brecha normativa, caracterizada por la ausencia de marcos preventivos con competencias claras, estándares verificables y obligaciones legales de gestión de riesgos; y una brecha operativa, reflejada en la limitada capacidad de coordinación e interoperabilidad entre los distintos actores involucrados en la ciberseguridad. 

• Se identifican diez pilares fundamentales para crear un marco normativo sólido y alcanzar un nivel adecuado de madurez en ciberseguridad en todos los países de la región: gobernanza y coordinación nacional; capacidades operativas del Estado; gestión de riesgos e higiene digital; protección de infraestructuras esenciales; reporte y gestión de incidentes; seguridad de productos y certificación; cooperación internacional; contratación pública y fomento; transparencia y presupuesto; y definición de responsabilidades y régimen sancionador.

• Los diez pilares y principios constituyen una base útil para los debates internos, ya que ayudan a configurar o evaluar los modelos y marcos nacionales de ciberseguridad. 

• Cuando una empresa apoya a otra en la gestión de vulnerabilidades, se fortalece significativamente todo el sector.

• Es necesario un monitoreo continuo de la normativa para garantizar que se mantenga actualizada y sea efectiva. 

El 10.º seminario exclusivo para miembros de LAC4 fue impartido por Daniela Procházková,de NÚKIB, Jersain Zadamig Llamas Covarrubias y Juan Pablo González Gutiérrez, y contó con palabras de apertura del  Oficial de proyectos regionales de la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica, Willy Carvajal, y del Gerente Regional de LAC4, César Moliné. 

LAC4 mantiene su compromiso de apoyar a sus miembros en el fortalecimiento de sus capacidades de gobernanza en materia de ciberseguridad mediante el desarrollo de marcos jurídicos coherentes y una mayor cooperación regional. El seminario reunió a 131 partes interesadas y responsables políticos de los países participantes en LAC4 y se centró en impulsar una arquitectura jurídica común adaptada a las realidades regionales, al tiempo que se ajusta a las normas internacionales. Estaba diseñado específicamente para partes interesadas y responsables políticos en materia de ciberseguridad de los países miembros, entre ellos Antigua y Barbuda, las Bahamas, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Guatemala, Honduras, los Países Bajos, Panamá y Uruguay, así como representantes de RedCLARA, Cyber 4.0: Cyber Competence Center (Italia) y NUMU Group.